Málaga, 17 de enero de 2023.- El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha puesto hoy en valor que la Junta de Andalucía haya eximido durante este 2023 del pago del canon del agua como medida de apoyo a las familias y empresas frente a la subida de la inflación, las hipotecas o los carburantes, destacando que “el Gobierno andaluz arrima el hombre y Sánchez nos ahoga”.
Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Málaga Productiva, Carlos Conde, durante una reunión mantenida con representantes del Colegio de Administradores de Fincas, subrayando que “se trata de una medida que afecta positivamente a muchas comunidades de propietarios y al cien por cien de los vecinos para hacer frente a esta situación de subida desorbitada de precios”. “Creemos que es de recibo señalar que, al menos, alguna factura se va a ver rebajada gracias al esfuerzo de la Junta de Andalucía”, ha apostillado.
Carmona, que ha apuntado que dicha rebaja supondrá un ahorro medio de 50 euros al año por familia, ha contrapuesto esta “apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por reducir la presión fiscal, con seis bajadas de impuestos, con el afán recaudatorio de Sánchez, que ha subido 27 impuestos desde que es presidente”.
Asimismo, ha denunciado que “los socialistas tampoco ejecutaron las obras hídricas que pretendían financiar a través del canon, de manera que de los 700 millones de euros recaudados, en 2019 encontramos que 500 millones no se habían ejecutado”.
“El PSOE nos lo ha puesto muy fácil, pero aún así, es de justicia decir que de ellos heredamos multas millonarias de Europa frente a la Revolución Verde iniciada por el Gobierno de Juanma Moreno que, en la pasada legislatura, ya invirtió 300 millones de euros en la provincia para obras de abastecimiento, depuración y saneamiento”, ha recordado.
En el marco de la reunión, Carmona ha señalado el compromiso de la formación provincial para contemplar algunas de las medidas abordadas con el sector en los programas electorales a realizar en los próximos meses, incidiendo en la necesidad de abordar una nueva ley de propiedad horizontal más actualizada o la firma de un convenio marco con los ayuntamientos para incorporar administradores de fincas que trabajen de oficio con aquellas comunidades que no tengan recursos.